Evidencia empírica para el caso costarricense
En el 2017, la Contraloría General de la República (CGR) realizó un estudio titulado “Presión sobre la Hacienda Pública en un contexto de variabilidad y cambio climático", el cual mide los costos fiscales de los desastres hidrometeorológicos extremos. En este estudio se evidencia que, entre los años 1988 y 2010, los costos asociados a la atención de desastres variaron entre 0,3% y 1,7% del PIB por año. A su vez, se identificó una tendencia creciente de estos costos. El estudio generó proyecciones de los costos fiscales en diversos escenarios: en el escenario conservador, los costos al 2025 podrían llegar a ser entre 0,68% y 1,05% del PIB por año, mientras que un escenario de mayor riesgo, los costos podrían alcanzar entre 1,64% y 2,5% del PIB. Ante esta situación, la CGR planteó como conclusión la necesidad de crear un marco fiscal climático para el país.
Por otra parte, ese mismo año el Banco Central de Costa Rica (BCCR) publicó un estudio titulado “Efectos macroeconómicos del fenómeno El Niño en Costa Rica". Este estudio es relevante debido a que, conforme se incremente la temperatura global, los científicos esperan que las fluctuaciones de El Niño se hagan más frecuentes e intensas. Los resultados del estudio muestran que las fluctuaciones climáticas (sequías y lluvias más intensas) tienen un efecto negativo y estadísticamente significativo en la producción y que a su vez generan incrementos en los precios.
Identificación de riesgos de cambio climático sobre los objetivos del BCCR
Luego del paso por Costa Rica del Huracán Otto (2016) y la Tormenta Tropical Nate (2017), el BCCR realizó un análisis interno para la valoración de riesgos no financieros del impacto potencial del cambio climático sobre los objetivos estratégicos de la entidad. Los resultados de este análisis determinaron que el cambio climático afecta, en el corto y mediano plazo, el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos: a-) lograr que la inflación se ubique en torno al rango meta [3% ± 1 p.p.], y b) promover un sistema financiero estable, eficiente y competitivo.
El cambio climático y sus efectos sobre el país pueden poner en riesgo la ubicación de la inflación dentro del rango meta. Los choques climáticos pueden generar una importante disrupción en la economía, que generaría una contracción de la oferta, ya sea por pérdidas en la producción o por avería o destrucción de la infraestructura de transporte y vivienda necesaria. Por lo tanto, esto crearía presiones inflacionarias, las cuales podrían inclusive afectar las expectativas de los agentes sobre la inflación futura.
El cambio climático también podría afectar la estabilidad, eficiencia y competitividad del sistema financiero. El incremento en cantidad e intensidad de los eventos hidrometeorológicos extremos puede deteriorar la calidad de la cartera crediticia del sistema financiero, lo cual tendría repercusiones sobre su sostenibilidad. Un sistema financiero eficiente y competitivo debe internalizar la existencia de estos riesgos y tomar medidas para valorarlos adecuadamente.
