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​BCCR da criterio favorable a Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

18 de octubre de 2018


La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió, este martes 16 de octubre de 2018, criterio favorable sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente legislativo 20.580. La Institución concluyó que dicha iniciativa de ley restablece gradualmente la sostenibilidad a las finanzas públicas en el largo plazo, y con ello conseguirá mejorar las condiciones de tasas de interés, crecimiento económico y generación de empleo en el país.

El criterio del Banco se emite en respuesta a la consulta pública del proyecto realizada por la Asamblea Legislativa, el pasado 5 de octubre, después de que la iniciativa fuera aprobada en primer debate.

Insostenibilidad de la situación actual de las finanzas públicas

El Banco Central proyecta que el déficit financiero del Gobierno Central podría alcanzar un 7.2% del producto interno bruto (PIB) en 2018 y un 7.5% en 2019, mientras que la deuda del Gobierno Central alcanzaría un 53.8% del PIB en 2018 y más de un 58% en 2019. En ausencia de medidas estructurales adicionales para corregir la situación financiera del Gobierno, su deuda seguiría creciendo explosivamente y superaría el 100% del PIB en diez años.

La trayectoria creciente del déficit fiscal y de la razón de deuda del Gobierno Central al PIB es, pues, claramente insostenible, y constituye el principal riesgo para la estabilidad macroeconómica del país.

El grave desequilibrio de las finanzas públicas está teniendo ya un impacto negativo sobre la economía del país. Las crecientes necesidades de financiamiento del Gobierno han presionado al alza las tasas de interés y restringido el acceso al crédito por parte del sector privado. Además, la difícil situación fiscal ha generado incertidumbre y un incremento en la percepción de riesgo del país. Todo ello desestimula el consumo y la inversión, y por tanto la actividad económica y la generación de empleo.

Más aún, la trayectoria insostenible de las finanzas públicas, de mantenerse, podría llevar a una crisis fiscal, financiera y económica, con profundas y duraderas consecuencias sobre la producción, el empleo y el bienestar de la población costarricense.

Impacto fiscal del proyecto de ley

Por todo ello, resulta no solo necesario sino urgente resolver el desequilibrio en las finanzas públicas. El proyecto de ley contenido en el expediente legislativo 20.580, y aprobado en primer debate el 5 de octubre, constituye un paso firme en esa dirección.

El Banco Central estima que el rendimiento de ese proyecto de ley, de cumplirse fielmente sus disposiciones, sería de un 3,7% del producto interno bruto (PIB) al 2022, y el impacto de la medida sería mayor aún en años subsiguientes. Con base en esos cálculos, la razón de deuda de Gobierno a PIB alcanzaría su punto máximo hacia el 2023 (en alrededor de 65% del PIB) y empezaría a decrecer a partir del 2024. La estimación considera los rendimientos proyectados por el Ministerio de Hacienda en impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta; los efectos positivos del IVA sobre la recaudación del impuesto sobre la renta; una recaudación por amnistía similar a la resultante en 2003; y el impacto de la aplicación estricta de la regla fiscal.

Sobre la base de estas estimaciones, se concluye que el proyecto de ley, tal y como fue aprobado en primer debate el 5 de octubre, y en el tanto sus disposiciones se cumplan fielmente, restablece gradualmente la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Por ello, ya desde el corto plazo esta reforma fiscal puede contribuir a reducir las tasas de interés y mejorar las expectativas económicas, y de esa forma contribuirá también a impulsar el consumo, la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo, afianzando la estabilidad macroeconómica y financiera del país.

La materialización de esos resultados, es preciso recalcar, depende del cumplimiento estricto de las disposiciones del proyecto de ley (y en particular de las normas atinentes a las remuneraciones en el sector público y a la regla fiscal), y requeriría reformas en la administración tributaria para gestionar los nuevos tributos.

cuadro 1 

cuadro 2
 

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Descargue aquí el criterio del BCCR al proyecto de ley 20.580